El contrato territorial

El contrato territorial

El nuevo contrato social debe consolidarse en los territorios. Por eso, los II Diálogos para el Día Después dedicaron una sesión a reflexionar sobre esta dimensión territorial a través de dos conversaciones.

Primer diálogo: el contrato y la articulación territorial

El nuevo contrato social debe consolidarse en los territorios. Por eso, los II Diálogos para el Día Después dedicaron una sesión a reflexionar sobre esta dimensión territorial a través de dos conversaciones.

Primer diálogo: el contrato y la articulación territorial

Moderado por Juana López, directora general de Políticas de Despoblación, el primer diálogo se centró en cómo aterrizar el contrato social en los territorios, abordando las transformaciones necesarias desde una lógica en la que no solamente están las grandes ciudades sino también los núcleos medianos y pequeños, y el ámbito rural.

Mercedes Molina, catedrática emérita de Geografía Humana, abrió la conversación analizando el impacto territorial que ha tenido el crecimiento económico en España. Es indudable que estamos ante un país más próspero, sobre todo desde nuestra entrada en la Unión Europea, pero en el que cada vez son mayores los desequilibrios y desigualdades internos, y también el descontento, “porque la prosperidad lograda ha sido fruto del crecimiento económico y no de un verdadero desarrollo, con objetivos a corto plazo y medidos por el valor del Producto Interior Bruto (PIB), la renta y el empleo, y asociados a un modelo territorial de concentración de la inversión, los empleos y los servicios, sobre todo en la gran ciudad.”

Molina subrayó los efectos positivos de este crecimiento, sobre todo en términos de convergencia con otros países y regiones de la Unión Europea, pero denunció las consecuencias negativas, como la falta de cohesión interna y la no coincidencia, a excepción del País Vasco, entre los índices de producción y los de progreso social. “El paradigma de la falta de cohesión lo constituye la gran emigración rural-urbana y también urbana-metropolitana desde 1960 hasta 2020”, señaló.

La catedrática abogó en su intervención por el reconocimiento de la pluralidad urbana y rural, porque no todos los territorios son iguales, y por propiciar un contrato territorial que determine la complementariedad de unos y otros.

La descapitalización humana progresiva por falta de oportunidades, de promoción, por pérdida de competitividad territorial, por carencia de inversiones, por abandono y por desigualdad ha determinado que el 48,3% del territorio estatal se pueda considerar despoblado.

– Mercedes Molina

La intervención de Federico Buyolo, director de innovación cultural de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, se centró en resaltar las cualidades de la Agenda 2030 y su vínculo con el nuevo contrato social. En su opinión, la Agenda, que definió como una “agenda de transformación social” y una “herramienta de empoderamiento de la ciudadanía”, es la base para la construcción de ese contrato social que tiene que ser global – lo que implica hablar de lo territorial, lo local y lo global- y es una agenda de personas, de esa “ciudadanía cosmopolita” a la que se refiere Adela Cortina. Por ello, no se trata de una agenda de políticas o sectorial, sino que debe servir para un país, pero también para un municipio, una asociación o una entidad. “La clave de la Agenda 2030 es la territorialización, porque las gentes vivimos en territorios”, defendió.

La cultura, que no está significada en la agenda con una meta u objetivo concreto, es la pieza fundamental para que se produzcan las transformaciones que la Agenda 2030 reclama.

– Federico Buyolo

Sergi Chimenos, socio director de área en RocaJunyent, aportó su visión de jurista para analizar las dificultades que es necesario superar para aterrizar marcos como la Agenda 2030 en el ámbito administrativo y en el diseño de políticas públicas. “El contrato social es sobre todo una cuestión política, pero desde lo jurídico sí que detectamos barreras para implementar muchas medidas.” Ante ello, existen herramientas a las que podemos acudir, como la legislación relativa al principio de transparencia para acceder a información, o la de simplificación administrativa, especialmente necesaria para acelerar procesos de cara a una agenda que tiene el 2030 como fecha límite. También destacó el derecho de participación ciudadana, al que cada vez se acogen más actores en los pasos previos a la toma de decisiones.

Los sandbox regulatorios pueden funcionar como espacios controlados de prueba en los que se pueda experimentar y la Administración tenga cierta cobertura jurídica, de forma que, si no sale bien, no pase nada.

– Sergi Chimenos

Chimenos recordó a las Administraciones Públicas el principio de responsabilidad a la hora de ponderar los intereses en juego, recordando que estas deben ser especialmente rigurosas en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

En representación del alcalde de Soria tomó la palabra Gloria Alarcón, concejala del Ayuntamiento de la ciudad, quien reclamó “un nuevo contrato territorial que luche por la justicia en el ámbito territorial, que genere igualdad de oportunidades, que permita desarrollar un proyecto vital, independiente del lugar en el que residas, en lugar de tener que marcharte.” Alarcón incidió en que no es posible abordar el cambio de modelo sin contemplar la necesidad de ordenar el territorio y recordó que “las ciudades pequeñas y medianas y los territorios son pieza clave para luchar contra el cambio climático y para invertir el modelo de desarrollo de concentración de las políticas públicas, de la inversión y de la población en las grandes áreas urbanas y metropolitanas”.

Alarcón destacó también la necesidad de transversalizar las políticas de género para poder construir un modelo social más igualitario, lo que requiere de cambios estructurales.

Las ciudades medias e intermedias y los territorios rurales somos oportunidad.

– Gloria Alarcón

Moderado por Juana López, directora general de Políticas de Despoblación, el primer diálogo se centró en cómo aterrizar el contrato social en los territorios, abordando las transformaciones necesarias desde una lógica en la que no solamente están las grandes ciudades sino también los núcleos medianos y pequeños, y el ámbito rural.

Mercedes Molina, catedrática emérita de Geografía Humana, abrió la conversación analizando el impacto territorial que ha tenido el crecimiento económico en España. Es indudable que estamos ante un país más próspero, sobre todo desde nuestra entrada en la Unión Europea, pero en el que cada vez son mayores los desequilibrios y desigualdades internos, y también el descontento, “porque la prosperidad lograda ha sido fruto del crecimiento económico y no de un verdadero desarrollo, con objetivos a corto plazo y medidos por el valor del Producto Interior Bruto (PIB), la renta y el empleo, y asociados a un modelo territorial de concentración de la inversión, los empleos y los servicios, sobre todo en la gran ciudad.”

Molina subrayó los efectos positivos de este crecimiento, sobre todo en términos de convergencia con otros países y regiones de la Unión Europea, pero denunció las consecuencias negativas, como la falta de cohesión interna y la no coincidencia, a excepción del País Vasco, entre los índices de producción y los de progreso social. “El paradigma de la falta de cohesión lo constituye la gran emigración rural-urbana y también urbana-metropolitana desde 1960 hasta 2020”, señaló.

La catedrática abogó en su intervención por el reconocimiento de la pluralidad urbana y rural, porque no todos los territorios son iguales, y por propiciar un contrato territorial que determine la complementariedad de unos y otros.

La descapitalización humana progresiva por falta de oportunidades, de promoción, por pérdida de competitividad territorial, por carencia de inversiones, por abandono y por desigualdad ha determinado que el 48,3% del territorio estatal se pueda considerar despoblado.

– Mercedes Molina

La intervención de Federico Buyolo, director de innovación cultural de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, se centró en resaltar las cualidades de la Agenda 2030 y su vínculo con el nuevo contrato social. En su opinión, la Agenda, que definió como una “agenda de transformación social” y una “herramienta de empoderamiento de la ciudadanía”, es la base para la construcción de ese contrato social que tiene que ser global – lo que implica hablar de lo territorial, lo local y lo global- y es una agenda de personas, de esa “ciudadanía cosmopolita” a la que se refiere Adela Cortina. Por ello, no se trata de una agenda de políticas o sectorial, sino que debe servir para un país, pero también para un municipio, una asociación o una entidad. “La clave de la Agenda 2030 es la territorialización, porque las gentes vivimos en territorios”, defendió.

La cultura, que no está significada en la agenda con una meta u objetivo concreto, es la pieza fundamental para que se produzcan las transformaciones que la Agenda 2030 reclama.

– Federico Buyolo

Sergi Chimenos, socio director de área en RocaJunyent, aportó su visión de jurista para analizar las dificultades que es necesario superar para aterrizar marcos como la Agenda 2030 en el ámbito administrativo y en el diseño de políticas públicas. “El contrato social es sobre todo una cuestión política, pero desde lo jurídico sí que detectamos barreras para implementar muchas medidas.” Ante ello, existen herramientas a las que podemos acudir, como la legislación relativa al principio de transparencia para acceder a información, o la de simplificación administrativa, especialmente necesaria para acelerar procesos de cara a una agenda que tiene el 2030 como fecha límite. También destacó el derecho de participación ciudadana, al que cada vez se acogen más actores en los pasos previos a la toma de decisiones.

Los sandbox regulatorios pueden funcionar como espacios controlados de prueba en los que se pueda experimentar y la Administración tenga cierta cobertura jurídica, de forma que, si no sale bien, no pase nada.

– Sergi Chimenos

Chimenos recordó a las Administraciones Públicas el principio de responsabilidad a la hora de ponderar los intereses en juego, recordando que estas deben ser especialmente rigurosas en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

En representación del alcalde de Soria tomó la palabra Gloria Alarcón, concejala del Ayuntamiento de la ciudad, quien reclamó “un nuevo contrato territorial que luche por la justicia en el ámbito territorial, que genere igualdad de oportunidades, que permita desarrollar un proyecto vital, independiente del lugar en el que residas, en lugar de tener que marcharte.” Alarcón incidió en que no es posible abordar el cambio de modelo sin contemplar la necesidad de ordenar el territorio y recordó que “las ciudades pequeñas y medianas y los territorios son pieza clave para luchar contra el cambio climático y para invertir el modelo de desarrollo de concentración de las políticas públicas, de la inversión y de la población en las grandes áreas urbanas y metropolitanas”.

Alarcón destacó también la necesidad de transversalizar las políticas de género para poder construir un modelo social más igualitario, lo que requiere de cambios estructurales.

Las ciudades medias e intermedias y los territorios rurales somos oportunidad.

– Gloria Alarcón

La primera pregunta del público versó sobre cómo compatibilizar la sostenibilidad y la defensa del territorio. A ello respondió Mercedes Molina, quien abogó por la integración – que no oposición – entre lo urbano y lo rural, y defendió la apuesta por las energías renovables siempre y cuando no conviertan a los territorios rurales en ámbitos de producción de energía sin ofrecer oportunidades para generar inversión y empleo continuos. Por su parte Federico Buyolo se refirió también a la necesidad de integración, poniendo como ejemplo los fondos Next Generation y su exigencia de compatibilizar sostenibilidad, digitalización, igualdad y cohesión territorial.

La segunda pregunta del público inquirió sobre qué acciones concretas participativas se podrían llevar a cabo desde la ciudadanía para avanzar en la cohesión urbana y territorial. Federico Buyolo respondió recordando que vivimos en un mundo de incertidumbres, lo que genera parálisis y desafección en las personas. Ante ello es necesario generar espacios reales de participación de la ciudadanía en los procesos de creación de las leyes, y espacios de construcción de liderazgos colectivos. “Los contratos sociales territoriales o globales tienen que estar ligados a los ciudadanos. Los contratos los firman los ciudadanos, no las administraciones. Y tenemos que tener una institucionalidad fuerte que permita, a través de la transparencia, la trazabilidad, la participación, la simplificación y la institucionalización de todas las normas en las q basamos nuestro trabajo, generar ese contrato social”, manifestó.

Sergi Chimenos destacó que, en el marco de un estado complejo, descentralizado, o partimos de los principios de lealtad y colaboración interadministrativa, o será difícil avanzar al ritmo que necesitamos.

Para finalizar, Carlos Martínez, alcalde de Soria, se unió a la mesa y destacó la necesidad de un nuevo contrato social que no abandone a las personas que viven en los territorios y que, precisamente por no hablar mucho de ellos, se quedan fuera de la cobertura de las políticas públicas. También recordó que se necesita generar indicadores de desarrollo del territorio diferentes al PIB y a la renta per cápita que, de alguna forma, pervierten y enmascaran la realidad de muchas personas que habitan en estos territorios.

No puede haber un nuevo contrato social sin un nuevo contrato territorial que ponga el foco en invertir ese modelo de desarrollo que ha primado la concentración de las políticas públicas en detrimento de otros territorios, generando grandísimas brechas de desigualdad, que agudiza el cambio climático, que hace que perdamos biodiversidad, que acentúa la pérdida de patrimonio natural, histórico, cultural y que necesita un foco diferente.

– Carlos Martínez

La primera pregunta del público versó sobre cómo compatibilizar la sostenibilidad y la defensa del territorio. A ello respondió Mercedes Molina, quien abogó por la integración – que no oposición – entre lo urbano y lo rural, y defendió la apuesta por las energías renovables siempre y cuando no conviertan a los territorios rurales en ámbitos de producción de energía sin ofrecer oportunidades para generar inversión y empleo continuos. Por su parte Federico Buyolo se refirió también a la necesidad de integración, poniendo como ejemplo los fondos Next Generation y su exigencia de compatibilizar sostenibilidad, digitalización, igualdad y cohesión territorial.

La segunda pregunta del público inquirió sobre qué acciones concretas participativas se podrían llevar a cabo desde la ciudadanía para avanzar en la cohesión urbana y territorial. Federico Buyolo respondió recordando que vivimos en un mundo de incertidumbres, lo que genera parálisis y desafección en las personas. Ante ello es necesario generar espacios reales de participación de la ciudadanía en los procesos de creación de las leyes, y espacios de construcción de liderazgos colectivos. “Los contratos sociales territoriales o globales tienen que estar ligados a los ciudadanos. Los contratos los firman los ciudadanos, no las administraciones. Y tenemos que tener una institucionalidad fuerte que permita, a través de la transparencia, la trazabilidad, la participación, la simplificación y la institucionalización de todas las normas en las q basamos nuestro trabajo, generar ese contrato social”, manifestó.

Sergi Chimenos destacó que, en el marco de un estado complejo, descentralizado, o partimos de los principios de lealtad y colaboración interadministrativa, o será difícil avanzar al ritmo que necesitamos.

Para finalizar, Carlos Martínez, alcalde de Soria, se unió a la mesa y destacó la necesidad de un nuevo contrato social que no abandone a las personas que viven en los territorios y que, precisamente por no hablar mucho de ellos, se quedan fuera de la cobertura de las políticas públicas. También recordó que se necesita generar indicadores de desarrollo del territorio diferentes al PIB y a la renta per cápita que, de alguna forma, pervierten y enmascaran la realidad de muchas personas que habitan en estos territorios.

No puede haber un nuevo contrato social sin un nuevo contrato territorial que ponga el foco en invertir ese modelo de desarrollo que ha primado la concentración de las políticas públicas en detrimento de otros territorios, generando grandísimas brechas de desigualdad, que agudiza el cambio climático, que hace que perdamos biodiversidad, que acentúa la pérdida de patrimonio natural, histórico, cultural y que necesita un foco diferente.

– Carlos Martínez

Segundo diálogo: Innovación y colaboración basada en misiones. Las Misiones europeas de adaptación y ciudades

La segunda conversación centró el debate en la capacidad de las ciudades para materializar los cambios que requiere la articulación del nuevo contrato social. Las Misiones europeas de ciudades inteligentes y climáticamente neutras y adaptación al cambio climático sirvieron de base para articular la conversación, que estuvo facilitada por Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial.

Inició la conversación, Julio Lumbreras, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador de la iniciativa citiES 2030. A partir de lo hablado en los diálogos anteriores, Lumbreras comenzó reflexionando sobre los dos elementos fundamentales para hacer realidad el nuevo contrato social: la colaboración real y profunda como forma de lograr una inteligencia colectiva, y el derecho a equivocarnos. En su opinión, el enfoque innovador que suponen las Misiones propuestas por la Comisión Europea, inspiradas por las ideas de la economista Mariana Mazzucato, son uno de los instrumentos más importantes con los que contamos para poner en práctica una colaboración profunda y lograr los cambios necesarios. Así, definió las Misiones como “una estrella polar que aúna esfuerzos y capacidades en una misma dirección” y mencionó la misión Apolo para llegar a la luna, las Olimpiadas de Barcelona en 1992 o la consecución de la vacuna de la covid-19 como ejemplos de colaboración multiactor similares.

Lumbreras hizo un llamamiento a “ponerse las gafas de la abundancia en lugar de las de la escasez” a la hora de contabilizar los recursos disponibles para ello.

Contamos con 580,000 funcionarios que trabajan en los municipios españoles, unidos a los miles de personas en empresas y universidades, a los ciudadanos. Con todo ello podemos lograr los cambios necesarios.

– Julio Lumbreras

María José Sanz, directora Científica del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3, ahondó en la naturaleza de las misiones afirmando que éstas se concibieron como respuesta a un déficit existente a la hora de integrar el conocimiento y la innovación en nuevas políticas públicas adaptadas a los retos que tenemos. En su opinión, tenemos que reconocer que todavía no tenemos todas las herramientas necesarias para aplicar el conocimiento a la acción. Y esto es así porque “la innovación social es difícil y no se puede hacer solo desde la academia. Se tiene que hacer con todos los actores en el territorio, la administración pública, el sector privado (desde un pequeño autónomo hasta una gran empresa) y con la ciudadanía.”

Lo que necesitamos son espacios colaborativos en los q se pueda generar confianza, respeto, transparencia, y en los que se puedan construir lenguajes comunes y accesibles a todos, con conceptos claves consensuados.

– María José Sanz

Como ejemplo de ciudad comprometida con la sostenibilidad, Vitoria-Gasteiz estuvo representada por Ana Oregi, teniente de alcalde del ayuntamiento, quien explicó el recorrido de más de 30 años de la ciudad hacia la sostenibilidad. Una apuesta que permitió poner en marcha en el ayuntamiento, a finales de los años 80, un centro de estudios ambientales dedicado a reflexionar y aprender sobre sostenibilidad, para después transferir el conocimiento a los funcionarios. Oregui señaló la importancia de la negociación a lo largo de los años, con gobiernos de coalición siempre en minoría, que ha permitido mantener el compromiso con la sostenibilidad independientemente de la ideología, hasta convertirla en una seña de identidad de la ciudad, generando una fuerte apropiación por parte de la ciudadanía.

La sostenibilidad no se negocia. Hay que ir a por ella.

– Ana Oregui

Jordi Peris, coordinador general de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, destacó la importancia de vincular la misión climática con el conjunto de políticas de la ciudad, y en particular con la estrategia urbana de Valencia 2030 y con la agenda urbana. En su opinión, la misión europea “aporta una dirección común, al ser un aglutinador de voluntades e iniciativas prácticas en pro de un objetivo compartido, y ayuda a crear identidad de ciudad”. Peris compartió la experiencia vivida con la creación de la Alianza por la misión climática en la que, desde un enfoque de liderazgo distribuido, se ha definido la figura de las ‘entidades embajadoras de la misión’. Son ya más de 180 embajadoras, representando a más de 4.000 asociaciones y 14.000 profesionales, encargadas de impulsar la misión comprometiéndose desde su ámbito de actividad. También se refirió a la Mesa de la transición energética que incorpora a la quíntuple hélice de la innovación: administración pública, sector privado, sector académico, sociedad civil y medios de comunicación.

En este sentido, Peris defendió la colaboración profunda entre actores, pero entendiendo que ésta va a estar siempre atravesada de intereses y de conflictos porque “la ciudad es el espacio del conflicto: en el espacio público, de clase, de género, de estatus migratorio,…. Todos los conflictos se materializan en la ciudad.” Por ello tenemos que saber manejar estos intereses y conflictos para trabajar juntos, acelerando las transformaciones climáticas en términos de mitigación y anticipando las transformaciones en términos de adaptación.

Sin conflicto no hay transformación. El conflicto es lo que nos permite cambiar. Tenemos que manejar el conflicto para hacerlo productivo.

– Jordi Peris

Preguntados por las principales barreras que existen a la hora de materializar las misiones, se identificaron las siguientes:

  • Falta de espacios reales de colaboración entre los distintos actores, dónde cada actor se compromete a contribuir a la misión en su actividad principal y, además, a aportar al objetivo conjunto aquello que mejor sabe hacer, y a hacerlo de forma complementaria.
  • Una forma de funcionar en las administraciones locales que no está diseñada para la planificación estratégica sino para ofrecer servicios.
  • Un ámbito normativo y regulatorio que asfixia los esfuerzos de las administraciones locales.
  • La confrontación entre lo rural y lo urbano.
  • La fragmentación del conocimiento, de la financiación, de los actores.
  • La falta de colaboración interadministrativa.
  • La distancia entre lo que planificamos y lo que somos capaces de hacer.

Las aportaciones del público reflexionaron sobre aspectos como la necesidad de incorporar la dimensión territorial al diseñar estrategias de ciudad, dada la dependencia energética y alimentaria de los territorios. Ante ello María José Sanz reivindicó una narrativa conjunta en la que se tengan en cuenta las realidades, dificultades y características de cada territorio. También se preguntó a la mesa sobre cómo asegurar el desarrollo de las capacidades necesarias para abordar esta nueva forma de trabajar. Ana Oregui explicó que la gobernanza se tiene que trabajar dentro del ayuntamiento, rompiendo silos y haciendo que las áreas trabajen de manera colaborativa, y también en su dimensión multinivel, impulsando las palancas necesarias en cada caso.

Preguntados sobre cómo trabajar la narrativa para que sea inteligible para la ciudadanía, Jordi Peris planteó un enfoque que permita favorecer la identificación individual y, al mismo tiempo, el orgullo de pertenencia.

Para terminar, Julio Lumbreras reflexionó sobre el liderazgo de los procesos colaborativos, incidiendo en tres elementos imprescindibles: estar de acuerdo en el objetivo común, caminar juntos y formarse para aprender a trabajar de forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora.

Segundo diálogo: Innovación y colaboración basada en misiones. Las Misiones europeas de adaptación y ciudades

La segunda conversación centró el debate en la capacidad de las ciudades para materializar los cambios que requiere la articulación del nuevo contrato social. Las Misiones europeas de ciudades inteligentes y climáticamente neutras y adaptación al cambio climático sirvieron de base para articular la conversación, que estuvo facilitada por Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial.

Inició la conversación, Julio Lumbreras, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador de la iniciativa citiES 2030. A partir de lo hablado en los diálogos anteriores, Lumbreras comenzó reflexionando sobre los dos elementos fundamentales para hacer realidad el nuevo contrato social: la colaboración real y profunda como forma de lograr una inteligencia colectiva, y el derecho a equivocarnos. En su opinión, el enfoque innovador que suponen las Misiones propuestas por la Comisión Europea, inspiradas por las ideas de la economista Mariana Mazzucato, son uno de los instrumentos más importantes con los que contamos para poner en práctica una colaboración profunda y lograr los cambios necesarios. Así, definió las Misiones como “una estrella polar que aúna esfuerzos y capacidades en una misma dirección” y mencionó la misión Apolo para llegar a la luna, las Olimpiadas de Barcelona en 1992 o la consecución de la vacuna de la covid-19 como ejemplos de colaboración multiactor similares.

Lumbreras hizo un llamamiento a “ponerse las gafas de la abundancia en lugar de las de la escasez” a la hora de contabilizar los recursos disponibles para ello.

Contamos con 580,000 funcionarios que trabajan en los municipios españoles, unidos a los miles de personas en empresas y universidades, a los ciudadanos. Con todo ello podemos lograr los cambios necesarios.

– Julio Lumbreras

María José Sanz, directora Científica del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3, ahondó en la naturaleza de las misiones afirmando que éstas se concibieron como respuesta a un déficit existente a la hora de integrar el conocimiento y la innovación en nuevas políticas públicas adaptadas a los retos que tenemos. En su opinión, tenemos que reconocer que todavía no tenemos todas las herramientas necesarias para aplicar el conocimiento a la acción. Y esto es así porque “la innovación social es difícil y no se puede hacer solo desde la academia. Se tiene que hacer con todos los actores en el territorio, la administración pública, el sector privado (desde un pequeño autónomo hasta una gran empresa) y con la ciudadanía.”

Lo que necesitamos son espacios colaborativos en los q se pueda generar confianza, respeto, transparencia, y en los que se puedan construir lenguajes comunes y accesibles a todos, con conceptos claves consensuados.

– María José Sanz

Como ejemplo de ciudad comprometida con la sostenibilidad, Vitoria-Gasteiz estuvo representada por Ana Oregi, teniente de alcalde del ayuntamiento, quien explicó el recorrido de más de 30 años de la ciudad hacia la sostenibilidad. Una apuesta que permitió poner en marcha en el ayuntamiento, a finales de los años 80, un centro de estudios ambientales dedicado a reflexionar y aprender sobre sostenibilidad, para después transferir el conocimiento a los funcionarios. Oregui señaló la importancia de la negociación a lo largo de los años, con gobiernos de coalición siempre en minoría, que ha permitido mantener el compromiso con la sostenibilidad independientemente de la ideología, hasta convertirla en una seña de identidad de la ciudad, generando una fuerte apropiación por parte de la ciudadanía.

La sostenibilidad no se negocia. Hay que ir a por ella.

– Ana Oregui

Jordi Peris, coordinador general de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, destacó la importancia de vincular la misión climática con el conjunto de políticas de la ciudad, y en particular con la estrategia urbana de Valencia 2030 y con la agenda urbana. En su opinión, la misión europea “aporta una dirección común, al ser un aglutinador de voluntades e iniciativas prácticas en pro de un objetivo compartido, y ayuda a crear identidad de ciudad”. Peris compartió la experiencia vivida con la creación de la Alianza por la misión climática en la que, desde un enfoque de liderazgo distribuido, se ha definido la figura de las ‘entidades embajadoras de la misión’. Son ya más de 180 embajadoras, representando a más de 4.000 asociaciones y 14.000 profesionales, encargadas de impulsar la misión comprometiéndose desde su ámbito de actividad. También se refirió a la Mesa de la transición energética que incorpora a la quíntuple hélice de la innovación: administración pública, sector privado, sector académico, sociedad civil y medios de comunicación.

En este sentido, Peris defendió la colaboración profunda entre actores, pero entendiendo que ésta va a estar siempre atravesada de intereses y de conflictos porque “la ciudad es el espacio del conflicto: en el espacio público, de clase, de género, de estatus migratorio,…. Todos los conflictos se materializan en la ciudad.” Por ello tenemos que saber manejar estos intereses y conflictos para trabajar juntos, acelerando las transformaciones climáticas en términos de mitigación y anticipando las transformaciones en términos de adaptación.

Sin conflicto no hay transformación. El conflicto es lo que nos permite cambiar. Tenemos que manejar el conflicto para hacerlo productivo.

– Jordi Peris

Preguntados por las principales barreras que existen a la hora de materializar las misiones, se identificaron las siguientes:

  • Falta de espacios reales de colaboración entre los distintos actores, dónde cada actor se compromete a contribuir a la misión en su actividad principal y, además, a aportar al objetivo conjunto aquello que mejor sabe hacer, y a hacerlo de forma complementaria.
  • Una forma de funcionar en las administraciones locales que no está diseñada para la planificación estratégica sino para ofrecer servicios.
  • Un ámbito normativo y regulatorio que asfixia los esfuerzos de las administraciones locales.
  • La confrontación entre lo rural y lo urbano.
  • La fragmentación del conocimiento, de la financiación, de los actores.
  • La falta de colaboración interadministrativa.
  • La distancia entre lo que planificamos y lo que somos capaces de hacer.

Las aportaciones del público reflexionaron sobre aspectos como la necesidad de incorporar la dimensión territorial al diseñar estrategias de ciudad, dada la dependencia energética y alimentaria de los territorios. Ante ello María José Sanz reivindicó una narrativa conjunta en la que se tengan en cuenta las realidades, dificultades y características de cada territorio. También se preguntó a la mesa sobre cómo asegurar el desarrollo de las capacidades necesarias para abordar esta nueva forma de trabajar. Ana Oregui explicó que la gobernanza se tiene que trabajar dentro del ayuntamiento, rompiendo silos y haciendo que las áreas trabajen de manera colaborativa, y también en su dimensión multinivel, impulsando las palancas necesarias en cada caso.

Preguntados sobre cómo trabajar la narrativa para que sea inteligible para la ciudadanía, Jordi Peris planteó un enfoque que permita favorecer la identificación individual y, al mismo tiempo, el orgullo de pertenencia.

Para terminar, Julio Lumbreras reflexionó sobre el liderazgo de los procesos colaborativos, incidiendo en tres elementos imprescindibles: estar de acuerdo en el objetivo común, caminar juntos y formarse para aprender a trabajar de forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora.