El contrato inclusivo: ampliar el perímetro del contrato social

Una de las claves para renovar el contrato social actual es extender su perímetro: ampliar las voces y colectivos que suscriben el contrato mismo y que por tanto se ven reflejados en él. Y no solo por una cuestión de justicia social, sino de salud democrática. ¿Cómo hacerlo? ¿a quién hay que incluir y cómo lo hacemos?

Esta fue la reflexión de partida de la mesa que tuvo lugar el viernes por la tarde en los II Diálogos para el Día Después. Facilitada por Gonzalo Fanjul, la conversación contó con Ximena Zambrana, representante del colectivo Regularización Ya; Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights; Joan Coscubiela, director de la Escuela de Trabajo de CC.OO.; Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children España; Lola García, representante del Consejo Crítico de El Día Después; y Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia.

Con el objetivo de enmarcar la reflexión sobre por qué hay que ampliar el perímetro del contrato social, José Moisés Martín Carretero hizo una breve pero incisiva introducción, donde destacó no solo que el movimiento de ampliación de la inclusividad del contrato social es parte de la historia humana (por ejemplo, en la revolución francesa se incorporó a la burguesía, en el siglo XX la clase trabajadora, etc.), sino que en una sociedad como la actual, cada vez más compleja, fragmentada y con una clase media menguante, un nuevo contrato social se quedará cojo, insuficiente e insostenible si no se reconoce a más colectivos el derecho a ser considerados interlocutores válidos.

Los grupos son inteligentes en la medida en que son capaces de reconocer los efectos que tienen en los demás

José Moisés Martín

Es para ello que en la discusión nos centramos en dos ejemplos (migrantes e infancia), que por supuesto no representan a la totalidad de colectivos que hay que incluir, pero son dos ejemplos de personas cuya voz hoy no está plenamente incorporada en el debate público.

Pobreza infantil: ¿cómo se vincula la infancia al nuevo contrato social?

Hablando de infancia, y más concretamente de la más vulnerable, Catalina Perazzo dio un dato: en España ahora mismo las personas que solo han cursado la ESO tienen 2,5 veces más probabilidad de caer en la pobreza en la edad adulta, padecen el doble de la tasa de paro y el doble de abstención electoral. En este sentido, la pobreza infantil (que en España afecta a uno de cada tres niños) representa un problema individual de presente, pero también y sobre todo es un problema social de futuro. Y destacó que se trata de un problema de política pública porque la pobreza, en su complejidad y multidimensionalidad, es una barrera que no deja acceder a otros derechos, como a la educación de cero a tres años, el derecho una vivienda digna, o a alimentación saludable.

Es una cuestión de política pública porque la pobreza es un problema de acceso a derechos: no te deja ejercer derechos como educación de cero a tres años, vivienda digna o alimentación saludable

Catalina Perazzo

En esta misma línea, Ricardo Ibarra destacó que nuestro modelo social actual, si bien se ocupa de cuestiones como pensiones, sanidad, etc., entiende a los niños como una responsabilidad de sus padres, como una cuestión privada, donde el Estado solo interviene en casos de extrema vulnerabilidad. “Esa es precisamente la concepción que tenemos que cambiar” -sostuvo- “ya que los niños, independientemente del hogar en el que nazcan, son parte de la sociedad y hay que garantizarles, como se hace con otros colectivos, ingresos mínimos, acceso a servicios y participar en la toma de decisiones que les afecta”.

En este sentido, hay varios ejemplos inspiradores: en diferentes países europeos hay prestaciones universales (o casi universales) para la crianza, o también existe el caso de la Child Poverty Tax en EEUU.

¿Cómo garantizar la capacidad de los niños y jóvenes de ejercer su propia agencia política en el ámbito de la pobreza y en cualquier otro asunto que afecte a la infancia y la juventud?

Ante esta pregunta, Lola García, la más joven del panel, no dudó en señalar que “lo más importante es que escuchéis. Nuestra opinión la damos, y si escucháis vais a poder oírnos porque no nos callamos”.

Seguramente cambiará nuestro modelo social cuando empecemos a pensar en cómo garantizar el bienestar de la infancia más allá de la responsabilidad de los padres y madres

Ricardo Ibarra

Lo más importante es que escuchéis. Nuestra opinión la damos, y si escucháis vais a poder oírnos porque no nos callamos

Lola García

Migrantes y nuevo contrato social: ¿por qué incluir sus voces y cómo hacerlo?

Con respecto al otro ejemplo de colectivo cuya voz no está suficientemente reconocida e incluida en el debate público -las personas migrantes- Joan Coscubiela hizo referencia al concepto de sociedades posnacionales, es decir sociedades -como las actuales- donde un gran número de personas se caracterizan por el desacople entre la condición de ciudadanía y la condición de nacionalidad.

En su opinión, en sociedades de este tipo, donde el concepto de Estado-nación queda cada vez más limitado, un nuevo contrato social inevitablemente debe tener en cuenta a colectivos como por ejemplo los no nacidos o como las personas para las cuales no coinciden la condición de nacionalidad y de ciudadanía.

En esta misma línea, Ximena Zambrana defendió la urgencia y la necesidad de que las personas migrantes formen parte de los procesos de toma de decisión que les afecta directamente. En este sentido, trazó un paralelismo con las luchas feministas: “Hasta hace 50 años los hombres hablaban de las decisiones que podían o no podían tomar las mujeres. Ahora nos parece absurdo, sin embargo, es lo que está pasando con las personas migrantes”.

Hasta hace 50 años los hombres hablaban de las decisiones que podían o no podían tomar las mujeres. Ahora nos parece absurdo, sin embargo, es lo que está pasando con las personas migrantes

Ximena Zambrana

¿Es necesaria una reforma del sistema migratorio?

Según Juan Pablo Riesgo, quien fue secretario de Estado de Empleo hasta 2018, una reforma sí es necesaria, en primer lugar por un imperativo moral, y en segundo lugar por cuestiones económicas: “La aportación de la inmigración al crecimiento de nuestro país es evidente” -sostuvo- “en los últimos movimientos de expansión económica, entre el 30% y el 50% del crecimiento ha derivado del impulso de la inmigración, y sin embargo son los colectivos con mayor vulnerabilidad”.

Sin ir más lejos, señaló dos datos: con la pandemia de la COVID-19, el riesgo de pobreza de las personas inmigrantes aumentó en 10 puntos, pasando del 49% al 59%, mientras que la misma tasa de riesgo se ha mantenido constante para los nacionales.

Claramente la gran aportación que hacen las personas migrantes al sistema económico nacional no está convenientemente reflejada en las condiciones de vida

Juan Pablo Riesgo

Sin duda se está avanzando, como señalan la reciente modificación del reglamento de extranjería, o la reforma laboral, pero el debate -en su opinión- no debería limitarse a las políticas migratorias, ya que habría que modificar el marco de las políticas activas de empleo, para que no solo tengamos crecimiento económico, sino también un crecimiento socialmente más sano.

Hablando justamente de las negociaciones colectivas y de la necesidad de aumentar la agencia política de las personas migrantes, Ximena Zambrana señaló que, en el proceso de modificación del reglamento de extranjería, además de la patronal y los sindicatos, tenían que haber estado los propios migrantes: “Si queremos un nuevo contrato social, es necesario empezar a incluir a los colectivos que no están incluidos”.

Además, señaló una iniciativa legislativa popular que están liderando los mayores colectivos de migrantes en España y que propone una regularización extraordinaria de unas 500.000 personas extranjeras en España, que ahora mismo no tienen acceso a salud, educación, son susceptibles de explotación laboral, etc. La mayoría son mujeres, uno de cada tres son niños.

“Como migrantes” -destacó- “desde nuestra propia situación de exclusión, estamos liderando una iniciativa para impulsar una política pública que nos afecta directamente porque mantiene y perpetúa desigualdades”.

Espacios de ciudadanía social, la vacuna contra el virus de la polarización

Pero para Joan Coscubiela sería un error si, hablando de inmigración, se situara en el centro del debate solo en el mercado de trabajo porque, en ese caso, “lo que estaríamos haciendo consciente o inconscientemente es considerar a los inmigrantes solo como un factor económico”, dijo.

Sin duda -reconoció- el trabajo es la principal forma de inserción social, pero no es la única. En su opinión, es importante también reforzar todos los espacios de ciudadanía social, todos esos espacios en los que las personas pueden llegar a considerarse y a sentirse de verdad iguales: un club deportivo, una organización sindical, etc. Lugares donde las personas, vengan de donde vengan, tienen derecho a votar, a elegir y a ser elegidos. En un contexto como el actual, en el que la política migratoria depende en gran medida de la Unión Europea, potenciar todos esos espacios de ciudadanía social podría ser un paso intermedio hacia el reconocimiento de la ciudadanía plena en términos de derechos. Y esos espacios son muchos más de los que podemos llegar a imaginar.

Como señaló Joan, en el libro Palacios del pueblo, se demuestra que todos aquellos lugares donde se han generado espacios de convivencia e infraestructuras sociales como bibliotecas, parques, etc., los niveles de cohesión social han aumentado mucho, y así también la resiliencia como sociedad frente a problemas como desastres naturales.

“Si somos capaces de potenciar esos espacios de ciudadanía social”, añadió más adelante, “muy probablemente se lo pondremos un poco más difícil a quienes se aprovechan de la inmigración para hacer un uso político del miedo”.

Estuvo de acuerdo Lola García, quien, por su parte, puso sobre la mesa el punto de vista de la generación más joven: “Los jóvenes no vemos a las personas migrantes como mano de obra porque nuestros compañeros migrantes obviamente no son trabajadores, pero sí puedo decir que en las clases donde ha habido personas migrantes, se han producido debates e intercambios mucho más ricos. Y crecer con una educación diversa no solo es una experiencia más enriquecedora, sino que reduce muchísimo el factor del miedo, porque la diversidad es algo que vamos interiorizando y vamos normalizando desde pequeños”.

Si somos capaces de potenciar los espacios de ciudadanía social, se lo pondremos un poco más difícil a quienes se aprovechan de la inmigración para hacer un uso político del miedo

Joan Coscubiela

Contribuciones desde el público
¿Existen casos exitosos en España en ámbito de pobreza infantil o migraciones? ¿Qué rol han jugado en ellos la colaboración entre las partes?

Ante esta pregunta del público, se señalaron por ejemplo el programa Veca del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que pretende apoyar el ocio inclusivo veraniego para la infancia más vulnerable, o el proyecto Solidaridad de Responsabilidades, que cuenta con una amplia colaboración de actores para evitar que los derechos de los menores migrantes se pierdan entre las diferentes competencias repartidas entre ministerios. También se señaló la recientemente aprobada ley que protege a las mujeres trabajadoras del hogar, fruto de la colaboración entre muchos colectivos de mujeres y también los sindicatos.

Finalmente, se mencionó también la anterior reforma del reglamento de extranjería que facilitó la inserción laboral -una vez alcanzada la mayoría de edad- de los menores migrantes que viven solos en España y que son tutelados por el Estado hasta los 18 años. Se señaló como un ejemplo positivo de la capacidad de una política pública no solo de garantizar derechos sino también de beneficiar a la economía, ya que miles de jóvenes en esta situación han podido recibir una formación e insertarse laboralmente una vez alcanzada la mayoría de edad, gracias también a la colaboración con el sector privado.

¿Al diseñar políticas públicas hace falta renovar los mecanismos de participación?

Según Ricardo Ibarra, desde luego hay que abrir realmente los órganos de toma de decisiones, pero también de la escuela, el hogar, los centros de trabajo… “Hay que ir más allá de algo puntual como el voto, y hablar de participación política y cívica”, señaló. “Hoy en día, hay ayuntamientos que están haciendo procesos reales de participación donde los niños forman parte de la toma de decisiones y así están mejorando su política urbanística, su política educativa, cuestiones como la convivencia escolar… Tenemos que ir ahí: los niños no son objeto de protección, son sujetos de derechos y por tanto deben tomar parte de los procesos de toma de decisiones”. Además, añadió, “uno no pasa de los 17 a los 18 años y de golpe se convierte en ciudadano, tiene que aprender a ser ciudadano antes de los 18 años”.

Llevando esta reflexión al terreno de la migración, Jimena Zambrana rebatió: “Los migrantes no somos brazos que trabajan, somos sujetos de derechos también”.

Los niños no son objeto de protección, son sujetos de derechos y por tanto deben tomar parte de los procesos de toma de decisiones

Ricardo Ibarra

Revisa el vídeo completo
Write a comment