Inversión pública y sostenibilidad

El pasado 22 de septiembre, la comunidad de «Desigualdad y nuevo modelo económico» de El Día Después organizó un taller sobre Inversión pública y sostenibilidad en el que participaron representantes de administraciones públicas, sector privado, investigadores/as y organizaciones sociales.

El objetivo principal fue analizar el papel del Sector Público y su impacto en el Contrato Social junto con el impulso de la Sostenibilidad Empresarial, teniendo muy presentes la orientación de los fondos sectoriales que se pondrán en marcha para reactivar la economía.

Para ello se analizaron en el taller dos de los instrumentos legislativos de mayor relevancia y que ofrecen mayores oportunidades en pro del impulso de una Nueva Economía Sostenible.

Concretamente, se analizaron puntos fuertes, oportunidades y barreras en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017)  y la ley de información no financiera y diversidad (Ley 11/2018).

Carles Campuzano, director de Dincat y miembro de la comunidad del Día Después, en su intervención resaltó la necesidad de contar con políticas públicas que reconstruyan un contrato social que ya se había quebrado en la crisis de 2008 y que ahora todavía está más debilitado, con un aumento de las desigualdades y una parte importante de la población atrapada en el desempleo.

David Lafuente, administrador civil del Estado, puso el foco de la recuperación económica en un modelo de sostenibilidad como única alternativa viable que compagine el crecimiento económico con el crecimiento como Sociedad responsable y que debemos estar preparados para canalizar el descontento de esta nueva crisis económica.

Sobre el papel de la administración pública, Lafuente señaló que la contratación pública supone entre el 18 y el 20 por ciento del PIB europeo. “Esto nos da idea del poder transformador que tiene la administración pública para hacer que nuestra sociedad sea realmente sostenible”.

Y sobre el rol del sector privado, Lafuente explicó que si bien la responsabilidad social de la empresa es de partida voluntaria, es necesario un impulso regulador que permita avanzar. “Trabajar en la responsabilidad social de la empresa significa trabajar en la vanguardia de las normas que vienen después, y estas normas serán las que marquen las líneas rojas que impidan vueltas atrás”.

Carles Campuzano

David Lafuente

Tras una primera intervención común, el taller se dividió en dos mesas en las que se repartieron los y las participantes. La experiencia y conocimientos en las materias a trabajar de los distintos equipos permitió mantener conversaciones de gran valor para la obtención de expectativas y necesidades sobre dichas Leyes.

Estas dos normas aún pendientes de desarrollo reglamentario, vieron la luz como transposiciones de directivas europeas dirigidas a reformar el modelo social de la UTE si bien es cierto, en el contexto precovid-19, toca agilizar su desarrollo incorporando la nueva situación co-covid19 y se constituyen hoy en día como los mejores instrumentos para definir una Estrategia Económica Sostenible que ayude a orientar las políticas públicas y el sector empresarial hacia la sostenibilidad.

Una contratación pública en clave de sostenibilidad

La de ley de Contratos del Sector Público supone una gran oportunidad para las administraciones locales y autonómicas que ya venían estableciendo cláusulas sociales en sus pliegos de condiciones de contratación, y que de esta forma verían dichas cláusulas como plenamente legales.

Por otro lado, los pliegos de contratación pública incluyen criterios de valoración adicionales en cumplimiento de aspectos legales enfocados a la gestión de la diversidad como disponer de planes de igualdad registrados aunque la empresa no esté obligada, planes de estabilidad de empleo, etc.

Esta ley por tanto se enfoca a la garantía de impacto social y medioambiental positivo de las empresas, quedando a igual o menor nivel la oferta económica. Las empresas verían recompensadas su esfuerzo con el acceso al 18-20% del PIB que suponen los contratos de la administración pública en la Unión Europea.

Santiago Lesmes, consultor en cláusulas sociales y contratación pública, recordó que esta ley nos facilita con quién queremos contratar, ya que podemos prohibir la contratación con empresas irresponsables, pero además se incorpora la figura de contratos reservados, que nos permite contratar solo con empresas de la economía social, de inserción laboral, etc.

“Podemos establecer consideraciones sociales o de empleo, y hablamos de mujeres, personas con discapacidad, derechos laborales, etc. En definitiva, cabe prácticamente todo en la contratación pública”. Lesmes puso el ejemplo del contrato de una cafetería de un ayuntamiento, en el que esta administración puede decidir que solo se sirva café de comercio justo o que el 50% de la plantilla sean mujeres.

“Con esta ley todas y todos ganamos, y nadie pierde. Ni una sola de las partes que participan en este proceso se ve perjudicado. La forma de competir en el mercado ya no va a ser solo en el precio, sino en la calidad del producto, en el impacto medioambiental, etc”.

Las resistencias

Pero desde la formulación y aprobación de la ley hasta su puesta en práctica todavía queda un largo camino. Así, Lesmes reconoce que la contratación pública responsable es anecdótica hoy en día, y señaló como algunos de los frenos la resistencia al cambio y los procesos burocráticos de la administración pública.

Además, en el taller se señalaron otros aspectos que están frenando la aplicación de esta ley, como la falta de diálogo, concursos públicos que requieren entre ocho y 12 meses, el incremento del criterio del precio y de la litigiosidad, y la falta de indicadores adecuados (por ejemplo, se necesitan estándares para medir la huella de carbono o la eficiencia energética).

Santiago Lesmes considera que estos indicadores deben ser objetivos, aritméticos, matemáticos… para que sean de fácil verificación.

De la voluntariedad a la obligatoriedad de la información no financiera

La ley 11/2018 de información no financiera y diversidad es el ejemplo del paso de la voluntariedad de la Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad a la obligatoriedad de, por ejemplo, presentar un Informe de Gestión no Financiera para las empresas que de forma concurrente cumplan dos de los siguientes requisitos: un número medio de trabajadores superior a 250 trabajadores y o bien tengan la consideración de entidades de interés público o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan una de las condiciones siguientes: dispongan de un activo superior a 20 millones de € o un importe neto de la cifra anual de negocios consolidada superior a 40 millones de €.

Este Informe de Gestión debe informar sobre el Modelo de Negocio, Riesgos e Impactos de las actividades de la empresa y Gestión de los mismos, Políticas y Diligencia debida, Indicadores Clave y Resultados de los mismos, así como un análisis de Materialidad de la actividad en Medioambiente, Social, Derechos Humanos, Corrupción y Soborno y Sociedad.

Si bien son numerosas las empresas que responden con la Memoria de Responsabilidad Corporativa a este requisito, la Ley de Información No Financiera va más allá, ya que requiere un claro enfoque a la Gestión transversal de los riesgos, es decir potenciando el Pensamiento enfocado al Riesgo y por otra una optimización de la información de la organización con un claro enfoque hacia la mejora continua de los procesos.

Pero todavía quedan pendientes determinados desarrollos reglamentarios, como por ejemplo sobre qué reportar -contar con un modelo o estándar-, quién tiene que controlar esa rendición de cuentas y qué métricas utilizar.

En este sentido, los participantes de la mesa que analizó esta ley señalaron la importancia de no irse a métricas muy complejas para que las empresas con menos estructura puedan cumplirlas. Para ello, como propuesta señalaron que se debería tomar como indicadores obligatorios lo que ya se está midiendo en las empresas de menor tamaño.

También se destacó la necesidad de que la administración pública lance señales claras de lo que hay que hacer para cumplir esta ley, por ejemplo, premiando buenos comportamientos en forma de acceso a inversión pública en lugar de valorar únicamente el precio de oferta de los concursos públicos. Un factor muy positivo es que España es el país del mundo donde más pymes reportan de acuerdo a los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI).

“Si medimos y lo difundimos, tendremos un consumidor más informado y responsable. De esta forma, los compromisos de las empresas irán más allá de la propia cuenta de resultados”.

Conclusiones

Cristina Monge, directora de conversaciones de ECODES, y Susana Mañueco, responsable de Relaciones Internacionales de COTEC se encargaron de recoger las principales conclusiones de las dos mesas del taller, y que han resumido en este vídeo:

Entre las principales conclusiones, Cristina Monge y Susana Mañueco han destacado:

• Tenemos un marco jurídico impecable pero poco operativo.

• Se ha reducido considerablemente el diálogo entre la administración pública y las empresas.

• El precio continúa siendo el factor más relevante.
• No contamos con indicadores estandarizados, lo que también lleva a interpretaciones sesgadas.

• Hay instrumentos que se están aplicando en muy pocas ocasiones, como los contratos reservados y la asociación para la innovación.

• A pesar de las muchas barreras identificadas, existen buenas prácticas en las comunidades autónomas y municipios que es necesario poner en valor.

• Necesitamos un modelo común, homogéneo y coherente, que permita reportar bien a las empresas -y, principalmente, a las pymes- la información no financiera.

• Necesitamos perfiles profesionales que vayan más allá de lo financiero para la verificación (interdisciplinariedad).

• La excepcionalidad del momento en el que vivimos hace que cuestiones como el desempleo, la emergencia climática y el envejecimiento exijan ese diálogo y alianza entre todos los sectores.