El poder de la Administración Pública para acelerar la sostenibilidad
Xose Ramil (El Día Después) y Begoña Sánchez (Humanas Salud Organizacional)
El pasado 22 de septiembre, la comunidad de «Desigualdad y nuevo modelo económico» de El Día Después organizó un taller sobre Inversión pública y sostenibilidad en el que participaron representantes de administraciones públicas, sector privado, investigadores/as y organizaciones sociales.
El objetivo principal fue analizar el papel del Sector Público y su impacto en el Contrato Social junto con el impulso de la Sostenibilidad Empresarial, teniendo muy presentes la orientación de los fondos sectoriales que se pondrán en marcha para reactivar la economía.
Para ello se analizaron en el taller dos de los instrumentos legislativos de mayor relevancia y que ofrecen mayores oportunidades en pro del impulso de una Nueva Economía Sostenible.
Concretamente, se analizaron puntos fuertes, oportunidades y barreras en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y la ley de información no financiera y diversidad (Ley 11/2018).

Carles Campuzano, director de Dincat y miembro de la comunidad del Día Después, en su intervención resaltó la necesidad de contar con políticas públicas que reconstruyan un contrato social que ya se había quebrado en la crisis de 2008 y que ahora todavía está más debilitado, con un aumento de las desigualdades y una parte importante de la población atrapada en el desempleo.
David Lafuente, administrador civil del Estado, puso el foco de la recuperación económica en un modelo de sostenibilidad como única alternativa viable que compagine el crecimiento económico con el crecimiento como Sociedad responsable y que debemos estar preparados para canalizar el descontento de esta nueva crisis económica.
Sobre el papel de la administración pública, Lafuente señaló que la contratación pública supone entre el 18 y el 20 por ciento del PIB europeo. “Esto nos da idea del poder transformador que tiene la administración pública para hacer que nuestra sociedad sea realmente sostenible”.
Y sobre el rol del sector privado, Lafuente explicó que si bien la responsabilidad social de la empresa es de partida voluntaria, es necesario un impulso regulador que permita avanzar. “Trabajar en la responsabilidad social de la empresa significa trabajar en la vanguardia de las normas que vienen después, y estas normas serán las que marquen las líneas rojas que impidan vueltas atrás”.
Necesitamos políticas públicas que reconstruyan un contrato social cada vez más debilitado
Carles Campuzano
Trabajar en Responsabilidad Social de la Empresa es trabajar en la vanguardia de las normas que vienen después
David Lafuente
Presentación de David Lafuente
Tras una primera intervención común, el taller se dividió en dos mesas en las que se repartieron los y las participantes. La experiencia y conocimientos en las materias a trabajar de los distintos equipos permitió mantener conversaciones de gran valor para la obtención de expectativas y necesidades sobre dichas Leyes.
Estas dos normas aún pendientes de desarrollo reglamentario, vieron la luz como transposiciones de directivas europeas dirigidas a reformar el modelo social de la UTE si bien es cierto, en el contexto precovid-19, toca agilizar su desarrollo incorporando la nueva situación co-covid19 y se constituyen hoy en día como los mejores instrumentos para definir una Estrategia Económica Sostenible que ayude a orientar las políticas públicas y el sector empresarial hacia la sostenibilidad.
Una contratación pública en clave de sostenibilidad
La de ley de Contratos del Sector Público supone una gran oportunidad para las administraciones locales y autonómicas que ya venían estableciendo cláusulas sociales en sus pliegos de condiciones de contratación, y que de esta forma verían dichas cláusulas como plenamente legales.
Por otro lado, los pliegos de contratación pública incluyen criterios de valoración adicionales en cumplimiento de aspectos legales enfocados a la gestión de la diversidad como disponer de planes de igualdad registrados aunque la empresa no esté obligada, planes de estabilidad de empleo, etc.
Esta ley por tanto se enfoca a la garantía de impacto social y medioambiental positivo de las empresas, quedando a igual o menor nivel la oferta económica. Las empresas verían recompensadas su esfuerzo con el acceso al 18-20% del PIB que suponen los contratos de la administración pública en la Unión Europea.
Santiago Lesmes, consultor en cláusulas sociales y contratación pública, recordó que esta ley nos facilita con quién queremos contratar, ya que podemos prohibir la contratación con empresas irresponsables, pero además se incorpora la figura de contratos reservados, que nos permite contratar solo con empresas de la economía social, de inserción laboral, etc.
“Podemos establecer consideraciones sociales o de empleo, y hablamos de mujeres, personas con discapacidad, derechos laborales, etc. En definitiva, cabe prácticamente todo en la contratación pública”. Lesmes puso el ejemplo del contrato de una cafetería de un ayuntamiento, en el que esta administración puede decidir que solo se sirva café de comercio justo o que el 50% de la plantilla sean mujeres.
“Con esta ley todas y todos ganamos, y nadie pierde. Ni una sola de las partes que participan en este proceso se ve perjudicado. La forma de competir en el mercado ya no va a ser solo en el precio, sino en la calidad del producto, en el impacto medioambiental, etc”.
Presentación de Santiago Lesmes sobre conceptos básicos en la contratación pública responsable
Las resistencias
Pero desde la formulación y aprobación de la ley hasta su puesta en práctica todavía queda un largo camino. Así, Lesmes reconoce que la contratación pública responsable es anecdótica hoy en día, y señaló como algunos de los frenos la resistencia al cambio y los procesos burocráticos de la administración pública.
Además, en el taller se señalaron otros aspectos que están frenando la aplicación de esta ley, como la falta de diálogo, concursos públicos que requieren entre ocho y 12 meses, el incremento del criterio del precio y de la litigiosidad, y la falta de indicadores adecuados (por ejemplo, se necesitan estándares para medir la huella de carbono o la eficiencia energética).
Santiago Lesmes considera que estos indicadores deben ser objetivos, aritméticos, matemáticos… para que sean de fácil verificación.
En resumen, es una ley técnicamente impecable, pero no se aplica por lo que acaba siendo inoperante. Y una de las labores pendientes que se señaló en el taller es el de la formación y sensibilización entre el funcionariado para poner en valor estas cláusulas.
Aun así, la contratación pública cuenta con buenas prácticas como algunas administraciones locales que han ido más allá de la ley, con decretos propios que incluyen criterios sociales y medioambientales con mucho peso y, sobre los que ya están verificando su cumplimiento.
Lesmes recordó que tenemos un 20 por ciento del PIB a disposición de políticas sociales y ambientales, por lo que es necesario aprovechar esta oportunidad.
Tenemos un 20 por cierto del PIB a disposición de políticas sociales y ambientales, por lo que es necesario aprovechar esta oportunidad
Santiago Lesmes
De la voluntariedad a la obligatoriedad de la información no financiera
La ley 11/2018 de información no financiera y diversidad es el ejemplo del paso de la voluntariedad de la Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad a la obligatoriedad de, por ejemplo, presentar un Informe de Gestión no Financiera para las empresas que de forma concurrente cumplan dos de los siguientes requisitos: un número medio de trabajadores superior a 250 trabajadores y o bien tengan la consideración de entidades de interés público o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan una de las condiciones siguientes: dispongan de un activo superior a 20 millones de € o un importe neto de la cifra anual de negocios consolidada superior a 40 millones de €.
Este Informe de Gestión debe informar sobre el Modelo de Negocio, Riesgos e Impactos de las actividades de la empresa y Gestión de los mismos, Políticas y Diligencia debida, Indicadores Clave y Resultados de los mismos, así como un análisis de Materialidad de la actividad en Medioambiente, Social, Derechos Humanos, Corrupción y Soborno y Sociedad.
Si bien son numerosas las empresas que responden con la Memoria de Responsabilidad Corporativa a este requisito, la Ley de Información No Financiera va más allá, ya que requiere un claro enfoque a la Gestión transversal de los riesgos, es decir potenciando el Pensamiento enfocado al Riesgo y por otra una optimización de la información de la organización con un claro enfoque hacia la mejora continua de los procesos.
Pero todavía quedan pendientes determinados desarrollos reglamentarios, como por ejemplo sobre qué reportar -contar con un modelo o estándar-, quién tiene que controlar esa rendición de cuentas y qué métricas utilizar.
En este sentido, los participantes de la mesa que analizó esta ley señalaron la importancia de no irse a métricas muy complejas para que las empresas con menos estructura puedan cumplirlas. Para ello, como propuesta señalaron que se debería tomar como indicadores obligatorios lo que ya se está midiendo en las empresas de menor tamaño.
También se destacó la necesidad de que la administración pública lance señales claras de lo que hay que hacer para cumplir esta ley, por ejemplo, premiando buenos comportamientos en forma de acceso a inversión pública en lugar de valorar únicamente el precio de oferta de los concursos públicos. Un factor muy positivo es que España es el país del mundo donde más pymes reportan de acuerdo a los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI).
“Si medimos y lo difundimos, tendremos un consumidor más informado y responsable. De esta forma, los compromisos de las empresas irán más allá de la propia cuenta de resultados”.
Conclusiones
Cristina Monge, directora de conversaciones de ECODES, y Susana Mañueco, responsable de Relaciones Internacionales de COTEC se encargaron de recoger las principales conclusiones de las dos mesas del taller, y que han resumido en este vídeo:
Entre las principales conclusiones, Cristina Monge y Susana Mañueco han destacado:
- Tenemos un marco jurídico impecable pero poco operativo.
- Se ha reducido considerablemente el diálogo entre la administración pública y las empresas.
- El precio continúa siendo el factor más relevante.
- No contamos con indicadores estandarizados, lo que también lleva a interpretaciones sesgadas.
- Hay instrumentos que se están aplicando en muy pocas ocasiones, como los contratos reservados y la asociación para la innovación.
- A pesar de las muchas barreras identificadas, existen buenas prácticas en las comunidades autónomas y municipios que es necesario poner en valor.
- Necesitamos un modelo común, homogéneo y coherente, que permita reportar bien a las empresas -y, principalmente, a las pymes- la información no financiera.
- Necesitamos perfiles profesionales que vayan más allá de lo financiero para la verificación (interdisciplinariedad).
- La excepcionalidad del momento en el que vivimos hace que cuestiones como el desempleo, la emergencia climática y el envejecimiento exijan ese diálogo y alianza entre todos los sectores.
Begoña Sánchez, de Humanas Salud Organizacional, reúne en la siguiente presentación las propuestas surgidas en el taller:
Líneas de acción
A continuación, presentamos las líneas de acción recogidas en el Taller de Inversión pública y Sostenibilidad, con el fin de disponer de un Plan para la Acción.
La base de las propuestas recogidas es potenciar el Rol de la Administración como actor económico impulsor, como Cliente, como Inversor, como Proveedor.
En esta línea definimos cuatro líneas estratégicas:
- Estrategia Nueva Economía Sostenible – Pacto de Estado 2030
Objetivo: Definir una estratégia a nivel nacional para asentar una Economía Sostenible, garantizada por una unidad de Gobierno y poniendo el horizonte en el cumplimiento de la Agenda 2030
Las acciones recogidas en este alcance son los siguientes:
- Contratación Pública Responsable como Estrategia para el impulso de la Sostenibilidad Empresarial y Social. Efecto tractor hacia la cadena de suministro
- Impulso hacia la construcción de un nuevo contrato social basado en los ODS, Verificable y Transparente
- Carácter voluntario unido a bonificaciones fiscales que atraigan al Modelo
- Registros oficiales de licitación, análisis de cláusulas para homogeneizar requisitos en las diferentes AAPP
- Incorporación de criterios de valoración en función de los informes no financieros
- Dotar de mayor peso en las valoraciones de ofertas en los criterios de sostenibilidad
- Incorporar una valoración global del enfoque hacia la sostenibilidad de la empresa, englobando a los datos presentados
- Dotar de mayor peso en las valoraciones de ofertas en los criterios de sostenibilidad
- Incorporar una valoración global del enfoque hacia la sostenibilidad de la empresa, englobando a los datos presentados
- Promover alianzas con las Grandes Empresas como efecto tractor hacia su cadena de suministro. Fomento de la formación en materia de Sostenibilidad en toda la cadena de valor de la empresa
- Desarrollo Reglamentario de la Ley de Información No Financiera.
Objetivo: Definición de un marco estándar a nivel nacional para el impulso de la Sostenibilidad en las empresas, ampliación del alcance incluyendo a PYMES, incorporación de objetivos cuantificables a conseguir, bonificaciones obtenidas, requisitos para la evaluación de los informes. Equiparaciones con criterios de valoración en Contratación pública. Integración con el resto de legislación nacional (Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Pacto por una Economía Circular, Green Deal, Residuo Cero, Empresa Familiarmente Responsable, Igualdad de trato entre hombres y mujeres, etc.),
Las acciones propuestas en este alcance son las siguientes:
- Fomento de la Consciencia en materia de Impacto Social de la gestión empresarial. Fomento de la coordinación e integración de la Sostenibilidad a todos los niveles de las organizaciones
- Ampliación del Alcance de la Ley al tejido empresarial con particularidades por Sectores y Tipos de Empresa
- Fomento de la Confianza por parte de la Sociedad y los Grupos de Interés
- Aumento de los requisitos en materia de INF, no serían válidas las Memorias de RSC
- Requisito de cálculos cuantitativos de Impactos directos e indirectos de la actividad empresarial
- Registros oficiales de licitación, análisis de cláusulas para homogeneizar requisitos en las diferentes AAPP
- Incorporación de criterios de valoración en ofertas en función de los informes no financieros
- Definición de Marcos, Metodologías y Métricas de estandarización en la Medición de Impactos.
Objetivo: Definir un marco estándar de la información de gestión no financiera estándar y asequible por sector y tipo de empresa, que permita evaluar al consumidor su grado de participación activa en la Sostenibilidad de la Sociedad
- Análisis de los estándares actuales de métricas de impacto positivo existentes: Bcorp, ESG, SGE21, SA8000, ISO26000, IQNET SR10, Sannas, Triple Balance, etc.
- Análisis de las mejores prácticas actuales
- Buenas prácticas en Sostenibilidad en PV, Cat, CyL, Ciudades: Barcelona, Valencia, Pamplona
- Estandarización de cláusulas sociales y medioambientales
- Incorporación del diálogo con los grupos de interés y asociaciones para la innovación en las cláusulas INF
- Métricas y evaluación para PYMES. Definición de indicadores comparables y que permitan una evolución continua en Sostenibilidad
- Definición de requisitos técnicos estandarizables para los Evaluadores de los Informes de INF
- Centralización del Análisis de Información No Financiera
Objetivo: Disponer de un centro de estudio y conocimiento sobre la información aportada por las empresas que permita evaluar el cumplimiento de la Ley y la adecuada marcha de la Estrategia por la Nueva Economía Sostenible. Permita informar a la Sociedad sobre la rigurosidad y adecuación de la información de las empresas, así como crear grupos de trabajo para poner en valor las Buenas Prácticas detectadas.
En este ámbito se proponen las siguientes acciones:
- Registro único de Información No Financiera
- Registro único de Memorias de Sostenibilidad
- Estudio y análisis de sistemas de medición y propuestas de mejora continua
- Análisis cumplimiento de Indicadores
- Realización de Informes Agiles “estado del arte” para el aprovechamiento de la información por Sector, Tipo de Empresa,
- Realización de Informes para la definición de tendencias para el cumplimiento de la Agenda 2030, análisis de gap por Sectores, Tipo de Empresa, Asociaciones, CCAA, Ayuntamientos, etc.
- Impulso de Alianzas intersectoriales e intrasectoriales para el cumplimiento de la Agenda 2030
- Análisis y comparación entre INF y Cláusulas de Contratación Pública y Privada
- Visualización de Buenas Prácticas en materia de Sostenibilidad