Juan A. Gimeno (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) responde algunas preguntas planteadas por el público del Ágora «Un nuevo contrato con las personas mayores».
01
¿Cómo se calcula el monto de las rentas mínimas que se están proponiendo de parte del Estado? Parecen muy bajas para el coste de vida actual en España.
JUAN A. GIMENO: Desde 2004 una referencia para las prestaciones públicas es el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Ha ido creciendo a un ritmo menor que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asciende en estos momentos a 548,60 € mensuales. La propuesta de una renta mínima garantizada que promovieron los sindicatos en su ILP ante el Congreso fijaba esa ayuda en el 80% del IPREM. Eso equivale a 438’88€.
Es posible que sea ese el suelo del que ha partido el gobierno para sus estimaciones. Se ha fijado el mínimo (al parecer) en 462€ para un adulto, cifra que va creciendo según las diversas circunstancias familiares, pudiendo llegar hasta 1.015€/mes para las familias más grandes.
En los cálculos, lógicamente, se habrán tenido en cuenta las cuantías del sinfín de prestaciones asistenciales existentes (que debería absorber en un futuro próximo) así como las estimaciones de potenciales beneficiarios y el coste que se considera financiable.
En todo caso, muchos pensamos que estas rentas mínimas deben ser un colchón último de seguridad, que se complementan con otras políticas. Frente a quienes consideran que deben ser más elevadas (por encima de 700€/mes para un adulto); yo me inclino por cantidades más modestas (como la que se propone más o menos), que son más fácilmente asumibles financieramente y que no pueden calificarse como desincentivadoras.
02
Partiendo de la necesidad de un Ingreso Mínimo Vital, me gustaría que se explicara un poco mejor por qué esta medida no desincentiva el empleo. Siempre había pensado que las subvenciones, per se, lo hacen.
JUAN A. GIMENO: No existe evidencia suficiente para afirmar ni una cosa ni otra. Parece que un subsidio de baja cuantía, como se ha comentado en la respuesta anterior, difícilmente puede tener un efecto desincentivador porque apenas permite la subsistencia. Normalmente, en nuestras sociedades, las personas desean un nivel de vida superior al que permiten 400 euros mensuales y buscarán cómo incrementar sus ingresos.
Parece que el efecto desincentivador puede existir cuando el subsidio es incompatible con la obtención de rentas. En este caso, el miedo a perder la ayuda puede aconsejar la no aceptación de algún empleo (o acogerse a la economía sumergida), especialmente si ofrece baja remuneración o/y condiciones de trabajo penosas.
Una renta básica tendría siempre un efecto desincentivador mucho menor que las actuales políticas de aseguramiento de rentas, por su generalidad y por no ser incompatible con otros ingresos.
Las experiencias de renta básica realizadas en todo el mundo coinciden en señalar poco significativos efectos sobre el empleo, incluso se observa habitualmente un leve incremento de iniciativas empresariales.
03
Si bien la renta básica se hace ahora más necesaria que nunca, apunta más a la beneficencia que a una justicia social más equitativa y redistributiva, como sería el reparto de un bien común e individual como es el derecho al trabajo. ¿Se está planteando en algún ámbito la opción del reparto del trabajo, como garantía de acceso a los bienes comunes?
JUAN A. GIMENO: En nuestras sociedades, está admitido por la mayoría de la ciudadanía que el estado debe prestar una ayuda básica a las personas en especiales dificultades de subsistencia. Los sistemas de rentas mínimas condicionadas, en las que hay que justificar el estado de necesidad, conllevan un estigma que, de hecho, parece ser una de las múltiples causas por las que no llegan a muchos de sus potenciales beneficiarios. El sistema actual es un conjunto de parches deslavazados, burocráticos, incompletos e ineficaces.
Una renta básica, automática e incondicionada, obvia ese problema. Pero, en cualquier caso, unas y otra son necesariamente compatibles con otras políticas complementarias. Sin duda, el pleno empleo debe seguir siendo un objetivo irrenunciable de la política económica, tanto desde la perspectiva de la distribución de la renta, como de la propia eficiencia del sistema económico. Pero, la experiencia demuestra (especialmente en España) que ese objetivo es difícil de alcanzar. La crisis derivada del parón derivado por el Covid19, y los pronósticos del progreso en robótica y automatización, empujan al pesimismo para el futuro próximo. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los millones de personas sin empleo ni posibilidad de obtenerlo?
Una última reflexión: todo ese análisis asume que solo consideramos trabajo el remunerado en el mercado. ¿Qué hay, por ejemplo, de los trabajos de cuidados o de voluntariado, que no reciben retribución en el mercado de trabajo?