¿Cómo abordar la recuperación sostenible de barrios y viviendas a través de instrumentos regulatorios y financieros?

España cuenta a día de hoy con uno de los mayores parques de viviendas de Europa, ocupando en 2013 el noveno puesto en el ranking de países con mayor porcentaje de viviendas en régimen de propiedad. Según estimaciones de 2007, del Ministerio de la Vivienda, existían en España un total de 551 viviendas por cada mil habitantes, frente a las 508 de Francia o a las 485 de Alemania. Y en el año 2014 contaba con 25.492.335 viviendas, según datos del Ministerio de Fomento de España, de las que 19.113.128 eran viviendas principales o ‘primera vivienda’ y 6.379.207 viviendas secundarias.

Así mismo, según el informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR; Cuchí & Sweatman, 2013): una de cada dos casas (en concreto, el 54% de los 25,2 millones censadas por el INE) se construyó antes de 1980, esto es, antes de la aprobación de la primera norma técnica (NBE) sobre edificación. Dicho de otra forma: ese amplio conjunto de viviendas no cumple ninguna normativa en términos de habitabilidad, accesibilidad, mucho menos en materia de eficiencia energética.

Por otra parte, ese conjunto de antiguas viviendas no solo presenta deficiencias en términos de habitabilidad, sino que también supone un pasivo insoportable para la factura energética de España. Nuestro país gasta cada año más de 60.000 millones de euros en energía primaria, y una tercera parte de esta energía se utiliza en los edificios (Cuchí & Sweatman, 2013). La rehabilitación de estos edificios, incorporando criterios de eficiencia energética, podría mejorar su rendimiento entre un 40 y un 60% por término medio, reduciendo significativamente la presión sobre la balanza de pagos del conjunto de nuestra economía, claramente lastrada por las importaciones de productos energéticos.

La crisis de los últimos años ha provocado que en muchos casos se postergue de manera “indefinida” la rehabilitación o reforma de viviendas antiguas. La rehabilitación energética del sector residencial, a diferencia de lo que sucede con frecuencia en el terciario, no es rentable per se en términos económicos a partir de los ahorros energéticos. Se necesitan fuentes de financiación innovadoras que reduzcan los costes para los propietarios e inquilinos, compensando las inversiones con la revalorización del activo inmobiliario y la mejora de la calidad de vida. La rehabilitación es una fuente de empleo local. Si rehabilitamos entre 250.000 y 400.000 viviendas al año, podríamos generar entre 150.000 y 180.000 empleos directos en el sector de la construcción, y alcanzar un volumen de mercado entre 9.000 y 14.400 M€/año que beneficiaría no sólo a este sector, sino también al inmenso conjunto de actividades que forman parte de su cadena de suministro.

Las acciones específicas a llevar a cabo comprenden:
  • Diseñar e implementar una plataforma de innovación sistémica, colaborativa y abierta como instrumento de intervención para la transformación de las ciudades participantes
  • Desarrollar un sistema de gobernanza y participación pública suficientemente ágil como para activar la demanda de este tipo de actuaciones por parte de los usuarios finales (propietarios, inquilinos). Las herramientas de innovación social son claves para dotar de credibilidad y transparencia al proceso de renovación urbana, así como para simplificar los mensajes dirigidos a los potenciales destinatarios de los proyectos de rehabilitación.
  • Impulsar una cartera de proyectos de innovación vinculados directamente a las aspiraciones de la ciudadanía local.
  • Crear una red de actores públicos y privados vinculados a la plataforma que trabajarán en clave de ecosistema de innovación abierto.
  • Identificar un conjunto de principios, criterios y metodologías para la transformación de ciudades en España y en Europa (aprendizaje a través de la experimentación, direccionar la demanda, aproximación de cartera de proyectos y uso de palancas de transformación).
  • Establecer innovadores mecanismos de financiación público-privada, inspirados por la experiencia de otras ciudades y países de nuestro entorno económico. Las soluciones sin duda pasarán por utilizar los fondos públicos para dotar de garantías y cubrir riesgos que permitan atraer capital privado a este tipo de proyectos, comercializando productos financieros específicos para grandes proyectos de rehabilitación a tipos de interés reducidos. Esta iniciativa, combinada con subvenciones públicas dirigidas a los colectivos desfavorecidos, con dificultades para afrontar los préstamos, podrían desbloquear la barrera de la financiación de los proyectos de renovación a escala urbana.
Impulsores

VALENTÍN
ALFAYA